Bettinotti y Fernández

domingo, 26 de julio de 2009

Agrovenenos: el pacto de la muerte


Diego Griffon B, para

Colectivo Lapatilla (http://www.colectivolapatilla.blogspot.com/)

Durante la segunda mitad del siglo veinte, la humanidad firmó un pacto con una gota de sangre. En este contrato se nos prometía cosechas fabulosas y el fin del hambre. Para obtener estos beneficios, solo se nos exigió seguir al pie de la letra las indicaciones de unos científicos patrocinados por la Fundación Rockefeller. Estos científicos nos ordenaron artificializar nuestros campos de cultivo. Según ellos, para resolver nuestros problemas solo hacía falta utilizar semillas de alto potencial genético, abundante riego, mecanización y…VENENOS.

Han pasado generaciones desde que firmamos este pacto, las cosechas han aumentado, pero el hambre no ha desaparecido. Actualmente el hambre no es un problema de producción, es un problema de distribución. El sistema económico que rige el mercado de alimentos, determina que estos se dirijan hacia donde hay dinero, no hacia donde hay hambre, este es el problema de fondo. Sin embargo, existe otro problema, tal vez aun más grave. El pacto que firmamos, no es diferente del que firmó Fausto, el nuestro también comprometió nuestro futuro.

Nuestros asesores nunca nos dijeron que las grandes cosechas de la actualidad son obtenidas a expensas de las cosechas del futuro. Para ser justos con la historia, ellos tampoco estaban al tanto de esta situación, pero también es cierto que no les interesó averiguarlo. Las consecuencias del pacto que firmamos no tardaron en aparecer, Rachel Carson (1962) nos advirtió tempranamente sobre los peligros ecológicos del uso de venenos para producir alimentos. Sus advertencias motivaron el nacimiento del movimiento ecologista, pero también significaron el comienzo del lado más oscuro de esta historia.

El libro de Carson motivó una gran reacción por parte de los sectores de la sociedad sensibilizados por la problemática ambiental. El libro también motivó la contra reacción de las compañías de agroquímicos, dueñas de las patentes de los venenos acusados. Es aquí donde nuestros asesores, los científicos agrícolas, dejan de ser inocentes. Los científicos se alinearon con los intereses de las compañías, confabulando en contra de los intereses de la sociedad. Esta situación fue claramente denunciada por Robert Van Den Bosch en un libro titulado 
La conspiración de los plaguicidas (1978). Lamentablemente, como lo denuncia Paul Erlich en la última edición del libro, poco han cambiado las cosas desde su primera publicación.

Sentado en una mesa de un restaurante, ¿quien se atrevería a comer de un plato al que un mesonero rociara insecticida? Sin embargo, esto es exactamente lo que hacemos a diario. Son múltiples los resultados de investigaciones que revelan la presencia de venenos agrícolas (en concentraciones peligrosas) en nuestros alimentos. En Venezuela se han realizado algunas de estas investigaciones (Prieto
 et al., 2002; Ettiene et al., 2006; Quintero et al., 2008), siempre con el mismo resultado: ¡nos estamos envenenado cada vez que comemos!

La mentira repetida una y mil veces dice que no se puede producir cosechas abundantes sin el uso de venenos. Asumir esta falsedad, pareciera ser un requisito para optar al grado de ingeniero agrónomo. Sin embargo, no existen evidencias que respalden este falso juramento hipocrático. La abrumadora mayoría de los profesionales del agro, repiten como loros esta mentira, pero ninguno puede citar evidencia concreta que la respalde. Por el contrario, son múltiples los trabajos científicos que demuestran que se pueden obtener cantidades iguales o superiores de alimentos sin necesidad de utilizar venenos (Stanhill, 1990; Badgley 
et al., 2008; Posner et al., 2008). El lavado de cerebro ha sido tan efectivo, que los agrónomos no reaccionan ante las más elocuentes de las evidencias.

El modelo de la agricultura química se encuentra profundamente arraigado en la cultura agrícola, esta situación nos obliga a ser creativos en nuestra lucha por salvar al planeta. El proceso de transición desde la agricultura química hacia una agricultura sustentable, está en buena parte determinado por cuatro factores: la actitud de los agricultores, el poder de las compañías de agroquímicos, la posición que tome el gobierno y la presión que ejerzan los consumidores. Este escenario tan complejo, significa que en ocasiones no se puedan alcanzar los objetivos de fondo, en el corto plazo. A veces, para llegar a la meta, hay que hacerlo dando pequeños, pero significativos pasos.

Dada la magnitud del lavado de cerebro, para muchos agricultores es inconcebible conseguir cosechas si recurrir al uso de venenos. Bajo esta situación, una alternativa en la lucha es impulsar la sustitución del uso de los venenos más peligrosos por otros de menor riesgo. Se espera de esta manera, generar una espiral decreciente en la carga de agrotóxicos en nuestros suelos, agua y aire. Este proceso, puede ser acompañado, por la sustitución de venenos por productos biológicos. Finalmente, este proceso nos puede llevar a la implantación de una agricultura de base agroecológica.

Los agrovenenos son clasificados de acuerdo a su peligrosidad, los mas perjudiciales reciben la categorización de 
1a 1b por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los productos 1b son considerados altamente tóxicos y se reconocen por la presencia de una Banda Amarilla en sus etiquetas, mientras que los clasificados como 1a son reconocidos como extremadamente tóxicos y se distinguen con una Banda Roja. Un buen número de los venenos que reciben estas clasificaciones han sido prohibidos en otros países. Muchos de estos venenos han sido efectivamente relacionados con envenenamientos, contaminación de cuerpos de agua, disminución de la biodiversidad e incluso muertes.

Los venenos 
1a 1b representan, sin lugar a dudas, lo peor de la agricultura química. Lograr la prohibición de su uso, sería un logro de suma importancia. En Venezuela se cuenta con un cuerpo legal, que de ser correctamente implantado, puede prohibir el uso de estas sustancias tan peligrosas. En concreto, la Carta Magna plantea que:

La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida… (Artículo 83).

Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado… (Artículo 127).

El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población… (Artículo 305).

De igual manera, en Venezuela existen leyes específicas, desarrolladas para regular el uso de venenos y para promover la agricultura sustentable. Dentro de estas leyes, es de particular importancia la Ley de Salud Agrícola Integral. En esta ley se plantea que es función del gobierno:

Establecer los principios y las normas para la aplicación de prácticas responsables de salud animal y vegetal, que aseguren la gestión y el aprovechamiento eficaz de los recursos agrícolas respetando el ecosistema, la diversidad biológica y el patrimonio genético de la Nación (Artículo 2, numeral 9).

Proteger la diversidad biológica y los procesos ecológicos asegurando un ambiente agrícola sano y seguro (Artículo 2, numeral 9).

Promover y velar por el aprovechamiento racional, sustentable y responsable de los recursos hidrobiológicos y la protección de los ecosistemas… (Artículo 2, numeral 13).

El Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes deberá aplicar ampliamente el criterio de precaución en la ordenación de la salud agrícola integral, con el fin de preservar, conservar y proteger la soberanía y seguridad agroalimentaria. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, falta de certeza científica absoluta o de información científica adecuada no será motivo para aplazar, dejar de adoptar medidas orientadas a conservar el ambiente… (Artículo 8).

Impedir que las prácticas de control zoosanitario y protección fitosanitaria perjudiquen a la fauna y flora benéfica, a los biocontroladores, al agua, al suelo, al aire y al ambiente en general… (Artículo 21, numeral 9).

A los fines de la transformación del modelo económico y social de la Nación, el Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes, aplicará la agroecología como base científica de la agricultura tropical sustentable(Artículo 49).

Impedir progresivamente la producción, distribución, intercambio, comercialización y uso de insumos químicos tóxicos en los sub-sectores: vegetal, animal, forestal, acuícola y pesquero; así como plaguicidas de uso doméstico, industrial y salud pública, fomentando procesos, métodos y productos biológicos inocuos para las especies, en defensa de la diversidad biológica y la salud pública primaria de la población (Artículo 55 numeral 3).

En el cuerpo de la Ley de Salud Agrícola Integral, también se estipula que a partir del primero de Agosto (2009) se abrirá un proceso de reevaluación de los productos registrados. Esta es, sin lugar a dudas, una fecha histórica y 
es el momento oportuno para exigir que se prohíba la comercialización de los productos clasificados como 1a y 1b.

Es importante mencionar que, actualmente en el país solo están registrados 77 productos en la categoría 
1a y 92 en la categoría 1b. Estos apenas representan el 11% del total de productos registrados. Inclusive los más radicales entre los aliados de la agricultura química, estarán de acuerdo en que, una medida de esta naturaleza, no involucraría riesgo para seguridad y soberanía agroalimentaria del país. Sin embargo, una decisión como esta, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para un gran número de niños en los campos y las ciudades.

Se aproxima una fecha histórica, es responsabilidad de todos asegurar que sea utilizada para el bien de la nación. Las personas que compartimos preocupaciones por el uso de químicos peligrosos, tenemos la responsabilidad de ayudar a cambiar la situación actual. El marco legal existente nos apoya en nuestras aspiraciones, pero es necesario asegurar que la ley sea cumplida ….está en nuestras manos comenzar a romper el pacto con la muerte.

Bibliografía

Badgley C., Moghtader, J., Quintero, E., Zakem, E., Chappell, J., Avilés-Vázquez, K., Samulon, A & Perfecto, I. 2007.
Organic Agriculture and the Global Food Supply. Renewable Agriculture and Food Systems.

Carson, R. 1980. Primavera Silenciosa, Barcelona: Grijalbo.

Ettiene, G. Ortega, S. Sepulveda, J. Medina, D. Buscema, I. Sandova, L. 2006. Dissipation of Organophosphorus Pesticides in Green Onion (Allium fistulosum L), Cultivated in Forced System Called “Barbacoas” Bull. Environ. Contam. Toxicol. 76:415–421.

Goethe, J. W. 2007. Fausto. Madrid: Espasa-Calpé.

Posner, J. L. Baldock, J O. Hedtcke, J. L. 2008. Organic and Conventional Production Systems in the Wisconsin Integrated Cropping Systems Trials: I. Productivity 1990–2002. Agron J 100:253-260.

Prieto, A. Molero, D. Gonzalez, G. Buscema, I. Ettiene, G. Medina, D. 2002. Persistence of Methamidophos, Diazinon, and Malathion in Tomatoes. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 69:479–485.

Quintero, A. Caselles, M. J. Ettiene , G. Colmenares, N. G. Ramírez, T. Medina, D. 2008. Monitoring of Organophosphorus Pesticide Residues in Vegetables of Agricultural Area in Venezuela. Bull Environ Contam Toxicol 81:393–396.

Stanhill, G. 1990. The comparative productivity of organic agriculture. Agriculture, Ecosystems and Environment 30: 1–26.

Van Den Bosch, R. 1993. La conspiración de los pesticidas. RAAA.

 

 

 

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