Bettinotti y Fernández

viernes, 30 de julio de 2010

LA CIENCIA Y EL MODELO DE APROPIACION

Por Andrés E. Carrasco

Investigador principal del Conicet; profesor de la Facultad de Medicina (UBA).


En diciembre de 2009, en Santa Fe, un fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial respaldó la demanda de amparo de Viviana Peralta dictada por el juez de primera instancia de San Jorge, Tristán Martínez, invocando el principio precautorio por la “falta de certidumbre científica” de la inocuidad de herbicidas sobre el medio ambiente y salud humana, y estableció un plazo de seis meses para que el Ministerio de la Producción de la provincia y la Universidad Nacional del Litoral demostraran que el uso de herbicidas no constituye peligro de daño grave e irreversible a la salud y al medio ambiente.

Recientemente, la comisión encargada por la gobernación del Chaco para evaluar el efecto tóxico de agroquímicos en la localidad de La Leonesa detectó una triplicación de cáncer en menores de 15 años y una cuadruplicación de malformaciones en toda la provincia del Chaco, que incrementó el índice de 19 casos a 85,3 por cada 10 mil nacimientos. El informe de la comisión oficial, que fue acompañado por la prohibición judicial de uso de agroquímicos en La Leonesa y Las Palmas, contradice el “informe Conicet” de julio de 2009 y las reiteradas declaraciones de funcionarios y cámaras empresariales, incinerando su credibilidad y la necesaria distancia que debe existir entre lo público y lo privado para preservar el interés público.

Ambos casos son notables porque representan el triunfo de las voces que desde hace años luchan por la intervención del poder público para frenar, en cientos de pueblos, el uso de agrotóxicos en uno de los experimentos de campo más notables del mundo. Voces que avanzan multiplicando sus demandas sobre el modelo de apropiación y debatiendo la salud ambiental y la defensa del derecho de la naturaleza.

En cualquier caso, la decisión de la gobernación del Chaco comienza a romper la complicidad impuesta desde organismos nacionales científicos y de salud hasta ahora escudados detrás de un locuaz silencio. Ese es el silencio del cual partimos y que debemos desarmar, comenzando por admitir la existencia de la emergencia ambiental y, más importante aún, por reconocer su causa: el modelo de apropiación de los bienes naturales y el impacto sobre la capacidad soberana del pueblo argentino para definir los ejes de su progreso.

Pero también sirve para abrir interrogantes sobre el conocimiento y su apropiación en relación con el ideal de “progreso”. Una idea que siempre es construida por los vencedores y a partir de su hegemonía cultural colonial. La evidente y cerrada resistencia en nuestro país a discutir los sentidos del desarrollo tecnológico, que contrasta con el proceso boliviano o ecuatoriano, se ampara en la virtud de ser parte de la globalización, apelando al elogio acrítico de la ciencia, que desdibuja su contenido histórico e ideológico y desconoce su relación con el poder económico que la promueve.

Por eso, la negación a discutir el sentido del desarrollo en nuestros países está indisolublemente asociada a formas y sentidos presentes en las políticas de conocimiento, destinados a sostener un modelo dependiente a medida de la lógica del mercado. Esta situación, que se hace cada vez más difícil, se quiebra ante la hipoteca que les impone a la naturaleza y a la destrucción del hombre, prisionero de la tecnología que él mismo produce. Confundir crecimiento con desarrollo humano lleva a no asumir los desafíos de la humanidad y a continuar apelando a la demanda y consumo, en una huida irracional hacia adelante. De allí que el discurso global se legitime, apelando a la virtud inmanente y a la neutralidad del conocimiento, prometiendo que los daños colaterales que ocasione, cada vez más claros y evidentes, serán resueltos con más tecnología como plantea la llamada modernidad reflexiva o capitalismo cognitivo.

A su vez conduce a la destrucción del sujeto crítico, al reemplazo de lo público por lo privado y la subordinación de lo político a lo técnico. Esta sustitución del conflicto (política) por la ciencia (solución técnica), más allá de su sabor tecnocrático y su pretensión de consensos políticos sometidos a la verificación científica, es siempre un camino a formas autoritarias de convivencia.

Quizás es hora de pensar el para qué, para quién y hacia dónde, de un conocimiento para el buen vivir de una sociedad más feliz y justa para todos, que necesitará sin duda de una ciencia y una tecnología que ocupen un lugar distinto. Construir un nuevo sentido que permita revalorizar el conflicto como parte de lo público sin mistificar el conocimiento como epifanía salvadora sino como instrumento sometido a la política, y recuperar el proyecto emancipatorio reconociendo otras modernidades posibles, para volver a la idea de construir pueblos felices, buscando su grandeza, pero sin sacrificios y sin dolor. Ya que eso es lo humano, lo natural y también lo científico.


FUENTE: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-149204-2010-07-10.html

jueves, 8 de julio de 2010

El corazón del agronegocio sojero

Más de la mitad de la tierra cultivable en el país está poblada exclusivamente con soja transgénica y esto se explica por la alta rentabilidad proveniente de la demanda internacional.

La ganancia generada por la soja beneficia sólo a las trasnacionales del agronegocio, grandes productores, empresas aceiteras, de biodiesel y de alimentos balanceados (juntos en la Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas, etc.) que concentran el 78% de las tierras, explotando la mano de obra rural que es la peor paga y la que enfrenta pésimas condiciones laborales (de los 1,3 millones que trabajan en el campo sólo 325 mil están en blanco). La concentración de tierras en pocas manos ha ocasionado que en los últimos 10 años la población excluída o expulsada por la fuerza termine migrando a las villas miseria de las ciudades.

En la resistencia a este modelo de monocultivo, contaminación y vulneración de la soberanía alimentaria y de los emprendimientos de pequeños productores, sobresale el accionar de los pueblos originarios y de los/as campesinos/as del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE-VC), la Organización Campesina Unida del Norte de Córdoba (OCUNC), la Asociación de Pequeños Productores del Noroeste Cordobés (APENOC), la Unión de Campesinos de Traslasierra (UCATRAS) y la Unión Campesina del Norte (UCAN) también en Córdoba, y de las decenas de agrupaciones de vecinos/as organizados/as en contra de las fumigaciones, luchando colectivamente por generar otro modo de vida en los territorios a partir de la organización y la articulación de prácticas emancipatorias y de transformación.

La producción de agrocombustibles, bioetanol (caña de azúcar) y biodiesel (soja, maíz y girasol), se presenta como una falsa respuesta a la escasez de combustibles fósiles y al calentamiento global, pues además de no poder satisfacer la demanda de producción energética, potencia el encarecimiento de los alimentos y la deforestación. Argentina elabora más del 10% del biodiesel del mundo, concentrando la provincia de Santa Fe el 85% de la capacidad productiva total, y este año se espera un incremento a partir de la ley donde se obliga a las petroleras a mezclar en las naftas un 5% de agrocombustibles.

El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup de Monsanto utilizado para desmalezar los cultivos de soja transgénica. Este veneno se fumiga a través de métodos aéreos o terrestres contaminando napas, ríos y cultivos linderos, y afectando la salud de poblaciones enteras donde los más perjudicados son niños y mujeres que evidencian un incremento en casos de cáncer, malformaciones, alergias, ojos irritados, vómitos, enfermedades respiratorias, etc.

Los feedlots (lotes de alimentación) son la “solución” que los ganaderos encontraron a la falta de campos derivada de la sojización, y están diseminados por toda la pampa. Son un sistema intensivo de producción de carne mediante el cual encierran en un espacio reducido, entre sus propios excrementos, a miles de vacunos para engordarlos rápidamente con balanceados (pellet de soja) y una buena dosis de antibióticos para evitar las enfermedades causadas por el hacinamiento.

Este mapa corresponde a los siguientes talleres (ver crónicas de los TMC) de mapeo colectivo, a todxs lxs participantes muchas gracias!

2009: Córdoba (11º UAC) , Tandil , Olavarría , San Andrés de Giles , FLIA La Plata y Bachillerato popular de Morón

2008: Pañuelos en Rebeldía, Córdoba (Escuela de Ciencias de la Información y Casa 13) y Rosario (Facultad de Ciencias Económicas y Centro Cultural La Toma)


Avanza en Santa Fe una ley que limita el uso de herbicidas


José E. Bordón


Para LA NACION


SANTA FE.- La Cámara de Diputados de esta provincia aprobó y giró al Senado el proyecto que modifica la ley de fitosanitarios al establecer límites para la fumigación con dichos productos. También prohíbe la fumigación con fosfuro de aluminio en camiones y vagones que transporten cualquier tipo de granos, semillas o subproductos de estos dos.

Según el texto, se prohíbe la fumigación aérea con glifosato, el herbicida más cuestionado por las organizaciones ambientalistas, y de otros agroquímicos dentro de los 1000 metros del límite de los centros urbanos y la fumigación terrestre dentro de los 500 metros, así como la pulverización en lagunas, ríos, arroyos, etcétera.

El proyecto, perteneciente a los diputados justicialistas Federico Reutemann, Adrián Simil y Silvia de Césaris, vuelve a encender la polémica. En efecto, la industria agroquímica minimiza, por ejemplo, los riesgos que puede provocar el glifosato. De todas formas, la definición en el Senado habrá que esperarla para después del receso invernal de las próximas dos semanas en esta provincia.

"Es prioritario tutelar la salud pública y esta ley significa un avance importantísimo porque busca saldar una deuda histórica", sostuvo el diputado del Pares (integrante del oficialista Frente Progresista Cívico y Social), Antonio Riestra.

En tanto, los bloques de la oposición (PJ) decidieron no acompañar el proyecto por considerar que el gobierno aún debe realizar un informe sobre el impacto del glifosato en la fumigación de campos, de acuerdo con lo ordenado por un fallo judicial que favoreció a la ciudad de San Jorge, 150 kilómetros al sudoeste de esta capital.

Por su parte, para el justicialista Enrique Marín, "lo importante es resolver en forma urgente un nuevo modelo de desarrollo rural".

Defensa del glifosato

Respecto de la opinión de los productores, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe, se mostró inclinado a solicitar que surja una "urgente regulación para poder seguir trabajando". De todas maneras, el ruralista señaló que "de acuerdo con los estudios que nosotros tenemos, el glifosato es de baja toxicidad" y opinó que "los que seguramente perjudican más son otros que tienen otros componentes".

En tanto, en la Cámara Argentina de Agroquímicos y Fertilizantes (Casafe) se insistió en que "hay evidencias y estudios que demuestran la baja peligrosidad que tiene el glifosato".

En diálogo con LA NACION, su director ejecutivo, Guillermo Cal, una restricción en el uso de herbicidas provocaría un fuerte impacto económico negativo en las comunidades del interior y, por ende, en la industria agroquímica. El mercado local del glifosato, dijo, es un negocio de unos 550 millones de dólares por campaña.

Cal argumentó que según la clasificación establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), el glifosato está dentro de los productos conocidos como "banda verde", esto es, que normalmente "no ofrece peligro" para la salud humana.

Respecto de la prohibición de la fumigación en transportes, la aprobación del proyecto surgió horas después de que el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario aceptó un recurso de amparo e intimó al gobierno santafecino a controlar y fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto.

Los transportistas de granos resaltaron la importancia de la prohibición del uso de fosfuro de aluminio para combatir insectos en el transporte de granos.

En el último año, esa mala práctica les costó la vida a cinco camioneros. Vicente Bouvier, titular de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Fatac), valoró la iniciativa y recordó que para desarrollar una tarea de similares características se solicita que sea a tres kilómetros de presencia humana y demanda más de 96 horas de ventilación para los lugares afectados.

La medida también prohíbe la venta libre de fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio, fosfina, bromuro de metilo o cualquier otro producto que lo contenga.

El propio Guillermo Cal puntualizó que el fosfuro de aluminio es un producto de extrema peligrosidad. Agregó que este compuesto se aplica para el combate de plagas, roedores, insectos, "pero en galpones, silos u otros ambientes herméticamente cerrados en donde su efecto concluye según el plazo que especifica la etiqueta en el envase del producto; nunca deben usarse, como ocurrió, en lugares abiertos, como camiones o vagones del ferrocarril, por su efecto letal".

550
Millones de dólares

  • Es el mercado del glifosato en la Argentina, un insumo fundamental para el cultivo de la soja.

40%
Caería el ingreso de divisas

  • Según los especialistas, es lo que bajarían las exportaciones en una agricultura sin glifosato.

2,5
Veces creció la superficie de soja

  • Fue en los últimos 10 años, por la sinergia entre siembra directa, glifosato y soja; la producción se cuadruplicó.

Con la colaboración de Roberto Seifert


Fuente: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1282698&origen=NLEco

Un estudio internacional e informe reportan daños a la salud ocasionados por plaguicidas

por PAN Internacional

Red global llama a actuar inmediatamente para reducir estos peligros

Bruselas, 24 de junio de 2010.- PAN Internacional (la Red Internacional de Acción en Plaguicidas) dio a conocer hoy su informe: “Comunidades en Peligro: Informe global sobre los impactos a la salud derivados del uso de plaguicidas en la agricultura”.

La entrega del informe coincidió con la reunión en Bruselas de Croplife, la asociación global de comercio de corporaciones transnacionales como Monsanto y Syngenta. La investigación de PAN establece que los plaguicidas peligrosos se usan generalmente en situaciones de inseguridad en todo el mundo y llama a las transnacionales, gobiernos y organismos internacionales a actuar en forma enérgica para enfrentar los peligros ocasionados por los plaguicidas.

“Los resultados del riguroso monitoreo de base realizado desvanecen cualquiera de los argumentos de los fabricantes de plaguicidas acerca del denominado “uso seguro” de los plaguicidas”, dice el Dr. Abou Thiam, Director Ejecutivo de PAN Africa. “La estadística muestra que las condiciones de uso en el Sur Global llevan a que las comunidades sufran en forma rutinaria, increíbles daños a la salud debido a la exposición a plaguicidas usados en la agricultura”.

El informe presenta los resultados de una encuesta de amplia margen sobre uso de plaguicidas en el campo, desarrollada por comunidades de trece países. Más de 2.000 hombres y mujeres fueron entrevistados en Africa, Asia y América Latina, y se registró un amplio y extendido daño a la salud derivado del uso de diversos plaguicidas en diferentes cultivos. Los síntomas de exposición aguda a plaguicidas informados van desde dolores de cabeza, náusea y mareos hasta arritmia cardíaca y temblores o convulsiones.

“A menudo las comunidades no tienen información sobre los peligros a la salud asociados a los plaguicidas que usan, y aun si la tuvieran, simplemente no podrían asumir el costoso equipo de protección personal que se requeriría", dice Javier Souza, Coordinador Regional de PAN América Latina. “El modo de producción de una agricultura dependiente de los plaguicidas, determina que las comunidades sufran intoxicación por plaguicidas y otros daños a la salud.” Ninguna de las personas entrevistadas para el informe usaba equipo de protección personal de acuerdo a los estándares vigentes en países industrializados, y en muchos casos ese equipo sencillamente no estaba disponible en sus comunidades.

El informe también incluye estadística recolectada por comunidades en Estados Unidos, usando un artefacto de toma de muestras de aire denominado “Atrapador de Deriva” (Detector de Contaminantes). “Los resultados de Estados Unidos muestran que cuando se usan plaguicidas peligrosos en las cercanías de escuelas y casas, los niños y los adultos están expuestos a plaguicidas tóxicos asociados a daño a la salud”, dice Kathryn Gilje, Directora Ejecutiva de PAN Norteamérica. “Vivir en un país de los llamados industrializados tampoco entrega garantías de protección a la exposición a plaguicidas peligrosos que continúan dañando a la gente en todas partes.”

PAN ha desarrollado una lista exhaustiva de Plaguicidas Altamente Peligrosos (HHPs por su sigla en inglés) asociados a intoxicaciones, enfermedades crónicas y daño importante a los ecosistemas. Las encuestas mostraron que por ejemplo, en Asia, 82 de los 150 ingredientes activos usados por los productores agrícolas eran HHPs, como también lo eran 7 de los 10 plaguicidas más utilizados. “Pedimos que se aumente el apoyo en políticas y en recursos financieros orientados a los enfoques agroecológicos, que son seguros para los seres humanos y el medio ambiente. Los gobiernos deberían aumentar su inversión en infraestructura rural y en estrategias de capacitación para reducir el uso de plaguicidas peligrosos, los riesgos y la dependencia de ellos”, dice Sarojeni V. Rengam, Directora Ejecutiva de PAN Asia-Pacífico. “Tanto los análisis científicos como las experiencias en terreno muestran que la agricultura dependiente de plaguicidas no es la solución para aumentar la productividad agrícola.”

El informe recomienda que los responsables de la toma de decisiones en el mundo aumenten su apoyo a la agricultura agroecológica y emprendan acciones efectivas para reducir la exposición por uso de plaguicidas peligrosos. Las transnacionales responsables de fabricar, distribuir y promover los plaguicidas deben hacerse responsables de los daños a la salud y los ecosistemas. Carina Weber, Directora Ejecutiva de PAN Alemania, junto a Keith Tyrell, Director de PAN Reino Unido afirma: “Llamamos a los tomadores de decisiones ubicados en todo el espectro de gobiernos, organizaciones de asistencia y ayuda al desarrollo, a las universidades y científicos especializados en temas agrícolas, y a la industria alimentaria y de fibra, a promover enfoques agroecológicos en lugar de continuar con la dependencia de este modelo tóxico de agricultura. Esto es lo mínimo que merecen las comunidades ubicadas en todo el mundo.”

La Red Internacional de Acción en Plaguicidas PAN es una red de más de 600 organizaciones no gubernamentales, instituciones e individuos de más de 90 países que trabajan para reemplazar el uso de plaguicidas peligrosos por alternativas que sean justas en términos sociales, y sólidas en términos ecológicos.

Fuentes:

http://www.rapaluruguay.org/agrotoxicos/Prensa/reportan_danio_salud.htm

martes, 6 de julio de 2010

Analizan cambiar la ley de fumigación

Un proyecto plantea prohibir el uso de todo tipo de agroquímicos a menos de 800 metros de zonas urbanas y ríos.




Mientras cada vez más ciudades y pueblos cordobeses ven surgir reclamos de sus vecinos por las fumigaciones en campos pegados a las zonas urbanas, en la Legislatura provincial se presentó un proyecto para modificar la actual ley que regula la aplicación de agroquímicos.

La iniciativa planteará el debate entre quienes creen que se debería prohibir todo tipo de uso de químicos a escasa distancia de zonas habitadas y los que sostienen que alcanzaría con aplicar la ley vigente tal como fue escrita en 2004.

El legislador Roberto Birri (Frente Cívico) presentó un proyecto que prohibiría directamente las fumigaciones "de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario en un radio de 800 metros del ejido municipal". El impedimento sería para todos los herbicidas y pesticidas, incluso los de clase toxicológica IV, considerados por el organismo nacional Senasa como los de menor riesgo. Entre ese grupo está el glifosato, conocido por ser el de uso más extensivo por ser aplicado al cultivo de soja, que hegemoniza el suelo cordobés.

El proyecto también propone como novedad esa misma zona de resguardo de 800 metros sobre los "cursos de agua" (ríos y arroyos a reglamentar).

La vigente ley provincial 9164, sancionada hace seis años, establece que no se puede fumigar con productos clase Ia, Ib y II (los de mayor riesgo toxicológico) en los 500 metros lindantes a áreas habitadas de pueblos y ciudades. Pero si se trata de los clasificados como III y IV, según la lista del Senasa, se pueden usar aunque no en forma aérea y bajo ciertas condiciones, como la obligación de elaborar la receta fitosanitaria a cargo de un agrónomo que se haga responsable de la aplicación, con personal capacitado y maquinaria habilitada, más el control del municipio respecto de factores climáticos y otros aspectos.

La misma ley prohíbe las fumigaciones aéreas de cualquier tipo en los primeros 500 metros y las que usen químicos de las tres clases de mayor riesgo a menos de 1.500 metros de pueblos y ciudades.

Quienes reclaman por mayores restricciones, citan los crecientes reclamos en diferentes localidades, a partir de dudas planteadas sobre los efectos en la salud y el ambiente de los agroquímicos, incluidos los considerados hasta ahora como de menor clase toxicológica, como el glifosato.

Para cerrar. Un cambio en la ley provincial en cuanto a los límites con respecto a zonas urbanizadas cerraría la discusión sobre la constitucionalidad de las normas que varios municipios sumaron o estudiar sumar mediante ordenanzas más restrictivas. Birri planteó que si no se adapta la ley "habrá cada vez más demandas judiciales" y vaticinó fallos "que terminen fijando más limitaciones si una ley no lo hace". Recordó, en ese sentido, lo dictado ya por la Justicia para los campos vecinos a barrio Ituzaingó en Córdoba capital y una reciente sentencia en Santa Fe respecto a un barrio de la ciudad de San Jorge.

No se descarta debatir alguna flexibilización si el dueño del campo creara cortinas forestales adecuadas.

En la Legislatura. El debate legislativo del proyecto aún no fue iniciado. En principio, no aparecería como una idea que obtenga consenso inmediato entre los legisladores. Para su aprobación requeriría el aval del oficialismo del PJ, que tiene mayoría en el cuerpo legislativo. Un dato aparecerá en el centro de la discusión: la prohibición sobre 800 metros en cada periferia de pueblo, ciudad y curso de agua, sumaría miles de hectáreas en esta provincia que quedarían fuera del sistema productivo agrícola, al menos bajo el concepto hoy dominante que requiere el uso de agroquímicos. Ese argumento -como el de cómo compensar a los productores a los que no se les permita el uso de sus tierras con determinadas formas de producción- ya se anticipan como parte de la discusión.

Del otro lado, aparecen los argumentos basados en la protección de la salud, ante los riesgos planteados por la exposición a los agroquímicos, y el pedido -sostenido también por ambientalistas- de aplicar el "principio precautorio" en materia ambiental, que plantea que ante la duda sobre el impacto debería evitarse la situación de riesgo.


FUENTE: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/analizan-cambiar-la-ley-de-fumigacion-1



Anticapitalismo, decrecimiento y ecosocialismo

Acá les dejamos un link muy interesante donde pueden ver un vídeo de la charla con Izquierda Anticapitalista Sevilla

Con el título Frente a la crisis sistémica, respuestas anticapitalistas: decrecimiento, soberanía alimentaria y ecosocialismo, Izquierda Anticapitalista Sevilla, junto con la Red Decrecimiento Sevilla, organizaron una charla en el Centro Vecinal Pumarejo, el pasado 1 de junio, con la asistencia de un centenar de personas.

Esther Vivas, activista en soberanía alimentaria y miembro de Izquierda Anticapitalista, y Marta Soler, profesora de la Universidad de Sevilla, fueron las ponentes del acto.

Vídeo de la intervención de Esther Vivas.

ESTE ES EL LINK:



Genocidas hijos de puta

24 Junio 2010

Así calificó el doctor Rodolfo Páramo a las grandes trasnacionales que comercian con agroquímicos.

Páramo es médico pediatra residente en Malabrigo. Estuvo presente en Reconquista en una charla debate organizada por Proyecto Sur. Fue anoche, en el Sitram.

El médico encendió una luz de alerta cuando, recién llegado a la ciudad vio que había un promedio de 12 nacimientos con malformaciones en Malabrigo sobre 200 nacimientos. (La media según su experiencia en el hospital Cullen era de 1 en 10.000)

Allí comenzó su investigación y vió que el problema estaba ligado a la aspersión de agroquímicos. Los conocidos "mosquitos" circulaban por el área urbana perdiendo su carga. También hicimos que trasladen los silos de la cooperativa porque agudizaban estos problemas y acarreaban alergias, dijo el doctor. "Nos llamaron terroristas ecológicos".

El uso de agrotóxicos genera abortos y malformaciones congénitas. En los noventa Argentina ingresa al mundo de los transgénicos y en el 96 Felipe Solá autorizó el ingreso del paquete tecnológico "Siembra directa, soja y Round-up"

Estos agrotóxicos son venenos, recalcó el doctor. Se crearon con ese fin. El famoso Agente Naranja rociado sobre Vietnam por EE.UU. en la guerra, como defoliante, sigue acarreando problemas de cáncer en ese país y hoy se está exigiendo una indemnizacion a Estados Unidos por las muertes y las enfermedades ocasionadas.

El glifosato tiene una sustancia que bloquea la acción del ácido fólico en el desarrollo embrionario del sistema nervioso central. Hoy, en Argentina hay alrededor de 20 millones de hectáreas cultivadas con soja transgénicas. Son 20 millones de héctareas de nuestro país regadas con venenos.

"Nos quieren hacer creer que este modelo hegemónico y de monocultivo es para alimentar el mundo, a 400 millones de personas. Es mentira, la soja no se usa para consumo humano en el país, y Oriente usa un derivado de la misma para hacer tofu. El resto es para consumo animal"

Además, a los médicos pediatras se nos aconsejó que prohibamos a las madres les den de comer soja a los menores de 5 años. Yo digo nadie tiene que comer nada que tenga soja."

Este modelo también trae otros perjuicios como ser: pérdida de hectáreas sembradas con semillas que si son alimentos (arroz, trigo, maiz), plagas que se potencian al haber un monocultivo, pérdida de la biodiversidad.

"No estamos en contra de los colonos, sino en contra del modelo productivo"

UN MODELO ALTERNATIVO.

Raúl Fabatier es un productor de la zona de El Sombrerito. Su alocución tuvo que ver con un modelo alternativo de producción al modelo sojero.

Con solo 4 hectáreas, vive junto a su hermana desde hace décadas en ese lugar cultivando una increíble diversidad de plantas. Mas de 10 variedades de batata, 8 clases de lechuga, varias de porotos y mucho mas. Inclusive tiene abejas, un par de lecheras y gallinas.

"Se están perdiendo muchas especies que había, plantas medicinales que juntabamos hace años y ahora solo las tengo porque las cuido en mi terreno. Ya no se las ve mas. Hasta el hombre desaparece: en la zona hay muchos lugares que quedaron las taperas, la gente se fue a otro lado a vivir porque el modelo impuesto los fundió.

En la puerta de entrada a mi huerta puse un cartel que dice EDEN II. Dios nos dio el primer eden, este es el segundo que yo hice siguiendo su enseñanza de Labrar y Guardar. Se llama Eden II por: Emprendimiento Desarrollo Especies Naturales II hermanos."

Fuente : Revista Agua y Sol Reconquista Sta Fe

Transgénicos y crimen organizado



Todas las semillas transgénicas en el mundo son controladas por seis empresas: Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer y Basf. Son todas transnacionales químicas que se apropiaron de las compañías de granos para controlar el mercado agrícola, vendiendo semillas casadas con los agrotóxicos que ellas producen (herbicidas, insecticidas, etcétera).

Todas –además de Monsanto que se ha hecho famosa como villano global– tienen un historial criminal que incluye, entre otros crímenes, graves desastres ambientales y contra la vida humana. Todas, una vez al descubierto, intentaron evadir sus culpas, tratando de deformar la realidad con mentiras y/o corrupción. El hecho de que todos los transgénicos estén patentados y que la contaminación sea un delito para las víctimas, significa que cualquier país que autoriza los transgénicos entrega su soberanía, de manos atadas, a los designios de unas cuantas trasnacionales que deciden según su afán de lucro. Además, tratándose de estas empresas, autorizar la siembra de transgénicos es entregar las semillas, los campesinos y la soberanía alimentaria a un puñado de criminales en gran escala. Crimen organizado, legal.

Recientemente un tribunal de la India se pronunció, luego de casi 20 años de demandas de los afectados, sobre un caso que atañe a una de ellas: Dow. Se trata de unos de los peores accidentes industriales de la historia: una enorme fuga accidental de gas tóxico de la fábrica de agroquímicos Union Carbide, en Bhopal, India, en 1984. Organizaciones de sobrevivientes (www.bhopal.net) estiman que han muerto más de 22 mil personas y 500 mil tienen secuelas permanentes. 50 mil están tan enfermas que no pueden trabajar para mantenerse a sí mismas. Estudios recientes confirman que los hijos de los afectados por el gas también sufren daños. El porcentaje de defectos de nacimiento en Bhopal es 10 veces superior al resto del país, la frecuencia de cáncer es mucho más alta que el promedio. El agua de más de 30 mil habitantes de Bhopal sigue contaminada por la fuga. Las víctimas y familiares han luchado duramente, por décadas, para que se atienda y paguen los gastos médicos de los afectados, se limpie el lugar y se juzgue a los responsables.

Dow compró la transnacional Union Carbide en el año 2001. Fue una jugosa expansión de su lucrativo negocio de vender tóxicos, y una forma de seguir las operaciones, zafándose de la mala reputación del accidente. Según el contrato de compra, Dow se haría cargo de todas las responsabilidades de Union Carbide. Dow reservó 2 mil 200 millones de dólares para potenciales demandas relacionadas a asbestos (amianto) en Estados Unidos, pero nada para atender las indemnizaciones pendientes en la India, mostrando que para ellos la vida de la gente en los países de Sur no vale nada. Nunca se presentó a tribunales en la India. Por el contrario, asumió una actitud agresiva contra las víctimas, demandando legalmente por miles de dólares a los que se manifestaron frente a la empresa sobre el desastre de Bhopal.

El 8 de junio 2010, un tribunal falló contra ocho ejecutivos de Union Carbide. La sentencia por haber provocado la muerte de 22 mil personas es de un cinismo feroz: dos años de cárcel y cerca de 2 mil dólares de multa para cada uno, pese a que ninguno de los seis sistemas de seguridad de la fábrica funcionaba en 1984, solamente para ahorrar costos a la empresa. Warren Anderson, presidente de Union Carbide en el momento de la explosión y principal responsable, huyó a Estados Unidos, donde sigue viviendo en el lujo, defendido de los pedidos de extradición por los abogados de Dow.

Lejos de ser un caso aislado, de otra empresa, Dow tenía ya historia con genocidios. Fabricó el napalm que se usó en Vietnam y comparte con Monsanto haber producido el Agente Naranja, tóxico que también se usó en Vietnam y que hasta el día de hoy sigue produciendo deformaciones en los nietos de las víctimas. También en ese caso, Dow y Monsanto trataron de evadir cualquier compensación, pagando finalmente minucias. Más cercano, Dow está en juicio por la venta y promoción –a sabiendas de sus graves consecuencias– del agrotóxico nemagón (DBCP) en varios países latinoamericanos, que ha provocado esterilidad en trabajadores de las plantaciones bananeras y deformaciones congénitas en sus hijos (ver la página electrónica www.elparquedelashamacas.org).

Estos horrores no son una excepción, sino moneda corriente de las empresas de transgénicos, que en forma sistemática desprecian la vida humana, la naturaleza y el ambiente, para aumentar sus lucros. Recordemos, por ejemplo, que Syngenta plantó ilegalmente cultivos de maíz transgénico en áreas naturales protegidas en Brasil, y luego, frente a la ocupación de protesta que realizó el Movimiento de los Sin Tierra, contrató una milicia armada que disparó a mansalva, asesinando a Keno, del MST. Monsanto intenta ahora mismo aprovechar la tragedia que provocó el terremoto en Haití para imponer allí la contaminación y dependencia a sus semillas modificadas. DuPont continuó vendiendo agrotóxicos restringidos en Estados Unidos –como el Lannate (methomyl)– en Ecuador, Costa Rica, Guatemala, donde provocó el envenenamiento de miles de campesinos. Basf y Bayer están acusadas de casos similares.

¿Se podrá creer a estas empresas que los transgénicos no tienen impactos al ambiente y la salud y que si hubiera contaminación transgénica del maíz en su centro de origen, ellos lo vigilarán y controlarán?

Silvia Ribeiro. Investigadora del Grupo ETC

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/07/03/index.php?section=opinion&article=025a1eco

"El que diga que el glifosato es inocuo lo tiene que demostrar"

Página/12

SANTA FE › ROSARIO/12 ENTREVISTO A ANDRES CARRASCO, UNO DE LOS CIENTIFICOS MAS RECONOCIDOS QUE REVELO EL CARACTER CANCERIGENO DE LOS AGROQUIMICOS

Por José Maggi


"Cuando hay comunidades que relatan sus enfermedades, y exigen respuestas y aparecen estudios que advierten las consecuencias de los agroquímicos, el Estado no puede entender esto como un delirio, debe hacer los estudios epidemiológicos, que no está haciendo. Este ya no es un problema científico, es un problema político". La frase pertenece a Andrés Carrasco, el científico que reveló el carácter cancerígeno del glifosato en su laboratorio de embriología molecular, quien estuvo en Rosario brindando una charla en la Facultad de Medicina, donde dejó otras frases para la polémica: "Quien diga que el glifosato es inocuo, que muestre los estudios que lo prueban".

¿Cómo fue el estudio sobre el glifosato?

-Respeto mucho a todos los profesionales que vienen trabajado desde hace mucho tiempo en Santa Fe, Chaco y Misiones que han estado percibiendo los efectos, lo que va ocurriendo en la localidades donde se usan agroquímicos en particular el glifosato. Lo que hicimos fue diseñar en forma experimental en un modelo animal el efecto glifosato y la conclusión es que en un modelo de desarrollo embrionario como pollos y anfibio, creemos que en cualquier otros vertebrado, los hombres somos parte de ese grupo de animales, el glifosato podría producir lo mismo. De hecho creemos tener las razones y el mecanismo de la acción del glifosato para la producción de enfermedades. La expermientación que hicimos es una cosa sencilla y humilde, no es compleja y fue a los efectos de ver si había una correlación experimental con lo que se venia observando en el territorio, en distintos pueblos: hay muchos en Córdoba, en Santa Fe por ejemplo está el amparo de San Jorge en el que la Cámara de Apelaciones ha decidido la aplicación del principio precautorio, donde se invierte la carga de la prueba y en el cual el gobierno de la provincia y la Universidad Nacional del Litoral tienen que demostrar que no produce ningún daño. Esto en medio ambiente es muy importante, y en este sentido inspirado y preocupado por estas cosas, hicimos este trabajo experimental que ya fue enviado a publicar, por lo que creemos que básicamente está terminado porque los venenos no son buenos proyectos de investigación, simplemente probamos que es un veneno y de qué manera puede afectar a un organismo animal que se está desarrollando en su período embrionario. Sabemos por lo mecanismos que tenemos que hay una fuerte correlación, y que existe una probabilidad cierta de que esto pase con los mamíferos, que pase con los humanos, por lo que reclamaría que como no es un problema de la ciencia, no un problema de investigación sino un problema de salud pública, entonces la corroboración o no de estos resultados, de estas presunciones debería ser hecha a través de estudios epidemiológicos en los lugares donde la gente reclama permanentemente por determinadas enfermedades como malformaciones, cáncer y algunas otras.Quiero decir que me trasciende a mí la solución del problema, uno está en el medio de esto.

¿Por qué cree que no se están desarrollando estos estudios epidemiológicos?

Es no lo puedo decir yo, porque en realidad debieron hacerse. En febrero de 2009 el gobierno nacional sacó un decreto comisionando al Ministerio de Salud, a realizar estos estudios , en uno de los lugares que había sido un caso líder, que es el barrio Ituzaingó anexo a la ciudad de Córdoba. Y a pesar de muchos reclamos de la gente de este barrio, nunca se llevó a cabo, las madres de Ituzaingó, nunca recibieron los medios para llevar adelante el estudio epidemiológico. Y no veo al Ministerio de Salud (de la Nación) hablando de este tema, como si estos temas no existieran, y esto es llamativo porque más allá del trabajo que hicimos, hay otros trabajos, en Córdoba hay gente estudiando el glifosato en otras situaciones biológicas, hay gente en La Plata estudiando cómo el glifosato afecta a los insectos y grupos de artrópodos, y todos van encontrando que los efectos existen, con lo que es muy sugestivo que habiendo reclamos en el territorio de las comunidades que están en el centro de esta zonas sojeras, no se hable del tema. Son 20 millones de hectáreas de soja con 200 millones de litros de glifosato arrojados al año durante muchos años. Este es tema serio para hacer un estudio de impacto ambiental, donde entran los insectos, las plantas y el ser humano. No puedo dar una respuesta acerca de porqué no se hacen estudios. Tengo formación médica, no ejerzo la medicina, pero en la facultad me enseñaron que en términos deontólogicos existe el principio precautorio, es decir de pre ocuparse por posibles efectos de salud, más allá del grado de certeza científica que hay o no, este es un problema de la política. Y podría no tener la certeza pero igual estoy obligado como Estado a ocuparme y pre ocuparme de eso. Para eso hay un Estado, este no un problema de la ciencia en si, ya hay grupos en Francia y en Estado Unidos, que han encontrado montones de efectos de estos herbicidas que son venenos por definición, y que deberían servir como antecedentes para decir "esto nos debería preocupar". Y si por esa información aparece el reclamo de muchos foros que están reclamando en forma local, provincial y nacionalmente que se dé cuenta de esta situación, más que abrir un juicio de valor, preguntaría porqué no se hacen los estudios. El Estado no puede estar ausente de este tema como el médico no puede negarse a escuchar a un paciente, cuando este le está relatando un dolor o un malestar: lo debe tener en cuenta y no puede suponer que es un delirio o una alucinación y lo debe poner dentro del acto de contención que tiene que tener el médico. Asi que si el Ministerio de Salud recibe de la comunidad este reclamo debería tener la misma actitud.

¿Cuáles son según sus estudios las consecuencias que trae el glifosato al ser humano?

Nosotros probamos con estos modelos animales que hay un efecto en concentraciones muy bajas del glifosato, que tiene la propiedad de producir malformaciones, y creemos saber el mecanismo de acción. Son mecanismos conocidos y están descriptos en clínica, no hay sorpresas, hay un nexo casual y de buen suerte de haber encontrado la explicación de esto. Nosotros trabajamos en el área de las malformaciones, cuando hay otras áreas que tienen que ver con la oncología, con el cáncer, y con algunas otras enfermedades menos establecidas. Las correlaciones sin embargo las tienen que establecer los estudios de epidemilogía. Lo que rescato de todo esto, es que si hay un relato de un pueblo que dice "acá está pasando esto", uno no puede negarlo. Y lo tiene que poner dentro de una acción política, que es lo hace un Estado.

¿Qué pasó con su frustrada presentación en la Feria del Libro en Buenos Aires?

Fue una "gaffe" del Conicet que tiene un ámbito institucional para organizar charlas de sus propios cientificos, y yo ofrecí una charla de este tema, y decidieron que no era conveniente que lo hiciera. Este es un problema del Conicet, no mío: si ellos piensan que a no hablar de ciertas cosas van a bajar el nivel de debate se equivocan, porque esto va en detrimento de la propia institución. No está bien visto acallar algunas voz o cerrar un debate. Lo que hay es un excusa formal del Conicet, que dice que no hay certeza absoluta de estos experimentos: en el marco de la epistemología la certeza absoluta no existe, y la gente tiene derecho a saber las cosas que pasan por que lo incumbe directamente. Esta información no se trata de una ecuación matemática o de una delicadeza científica que solo le interesa a los expertos de esa disciplina, sino que tiene un impacto social inmediato, y me parece que son los primeros que se tienen que enterar de qué está pasando en los lugares donde viven. Y el Estado debe dar cuenta de eso. Los destinatarios de este tema no son mis pares, sino que tiene un objetivo claro que es el proveer información que genere acciones de alivio. Si eso no sucede, supera mis posibilidades.

El ministro de Salud de Santa Fe Miguel Cappiello dijo a este diario que no está probada la teratogénesis del glifosato. ¿Qué opina?

Eso corre por cuenta de él, supongo que habrá hecho los experimentos que demuestran lo contrario a lo que nosotros demostramos, que fue que al menos en dos modelos animales hay teratogénesis por el aumento del ácido retinoico que es un conocido teratógeno. Pero hay otros estudios, en Canadá, en Francia, en Córdoba, en La Plata. Más allá de la certeza u opinión, existe un principio precautorio, que ante una situación dada, hay que parar y ver lo que está sucediendo. Este es el principio precautorio, que es el fallo de San Jorge. No soy yo ni los científicos los que están reclamando por eso: son los pueblos de Córdoba, de Entre Ríos, Santa Fe y Chaco, que me cuesta pensar que se han puesto de acuerdo para denunciar lo mismo. Y denuncian enfermedades crónicas que el Estado tendría que contemplar. Asi que más allá de todos los científicos que hemos estudiado el tema, este no es un problema científico, sino que es un problema ambiental y político de salud. Y ante la duda lo que hay que hacer son los estudios epidemiológicos y ambientales. Creo que si van a buscar al agua o a la tierra van a encontrar cosas pero habría que considerar el aire porque la contaminación es por inhalación en el caso de los humanos lo mismo que en el ganado vacuno, donde aparecen casos de teratogénesis observados espontáneamente en el campo por la gente. Soy muy respetuoso del relato de la gente que observa lo que pasa a su alrededor. Sería interesante confrontar las comprobaciones de esto estudios con lo que se descubrió en el laboratorio, pero no los hacen. En cambio muchas veces el Estado se maneja con lo que dicen las empresas o los organismos de control de otros países, como la Agencia de Promoción Ambiental de los Estados Unidos, que está seriamente sospechados de ser muy laxos con los controles. El problema es que estos productos tecnológicos se ponen en el mercado bajo consignas o protocolos de testeo de toxicidad que hoy ya son disfuncionales. Esto es que estas sustancias deberían tener otras formas más sutiles para ser chequeadas, como medir tratamientos crónicos, con dosis subletales y verlas a mediano plazo. Cualquier científico diría que las pruebas con las que se lanzan estas cosas al mercado son insuficientes. Ahora, esta no es culpa solo de la empresa, que ofrece las pruebas sino de los organismos de control de los estados que deberían poner las suyas. Esto, vale decir, pasa también con los medicamentos. Por eso el que dice que el glifosato es inocuo debería poder probarlo.

Analizando estos reclamos que se repiten en distintos rincones del país, ¿Cómo ve a la Argentina dentro de una década mirando puntualmente los parámetros de salud y medio ambiente?

Acá hay un modo de apropiación de los bienes naturales, y esto no es solo con la tierra sino en la minería o el agua. Por eso digo que no hay política pensada racionalmente para un uso serio. Sobre todo porque esos recursos o bienes están siendo explotados no por necesidades internas de la población argentina, sino por la necesidad de participar en un mercado internacional que consume esos productos. Y esto hay que debatirlo, porque por participar de ese mercado se sacrifica la salud y el medio ambiente con consecuencias que van desde lo biológico ambiental, hasta lo cultural social y económico, a mediano plazo. No sé cómo va a ser la Argentina para mis nietos, pero no estamos en un camino adecuado porque es distinto a lo que está discutiendo Bolivia, Ecuador, Brasil o Venezuela. Si estamos en un Mercosur no entiendo porque la Argentina no está discutiendo lo mismo que estos países hermanos con sus recursos, aún con sus contradicciones. Acá no hay ni siquiera contradicciones, porque no hay debate y cuando alguien da una mala noticia, hay que barrerlo debajo de la alfombra.